Discriminación municipal y "Drets lingüístics".

699 ayuntamientos catalanes (el 74% de Catalunya) no tienen opción de "castellano" en su web municipal. (convocatorias de empleo, trámites administrativos, noticias de interés, información sobre plenos, etc...). Ojo, este 74% no tiene en cuenta aquellos ayuntamientos en que la información en castellano es ofrecida por medio de meros traductores automáticos, aquellos donde es incompleta, o donde el acceso no es posible por fallos "técnicos" de la propia web. Sumado lo cuál, la cosa aún podría ser (más) de escándalo.

Se dirá que el uso del catalán en las webs es lógico, para "normalizar" el catalán. Y ahí tienen razón. Lo malo es que eluden con ello que el problema no es el uso del catalán (lógico y "normal") sino la ausencia del castellano. Ausencia, que con la misma lógica, debe estar motivada por un intento de "desnormalizarlo".

Es curioso que medidas coercitivas  como puedan ser las de la obligación a rotular en catalán sean justificadas por la Generalitat (incluso jurídicamente) por un supuesto "Dret lingüístic". Es un derecho que al parecer no tienen los castellanoparlantes, pues incluso los propios ayuntamientos parecen no entender que el castellanoparlante tenga derecho a leer estas webs de instituciones públicas (pagadas por todos, tengamos la lengua que tengamos) en su lengua propia.

Dejando a banda el interés lingüístico (y de reconocimiento) de que las webs estén en las dos lenguas oficiales,  la cosa tiene una especial gravedad por otro tema. Según la propia Generalitat, solo saben leer catalán el 73% de los ciudadanos catalanes. Lo que supone que estos ayuntamientos sencillamente niegan su información al 27% de la ciudadanía. Lo cuál no supone ya el desprecio de la "otra" lengua e identidad catalana, sino la discriminación directa y la desatención de más de una cuarta parte de la población, quizás porque para ellos no son más que "extranjeros"...¡que se adapten!.

Informe ANLL (Parte I)

Informe "Impulso Ciudadano"

Gencat. Coneixement del català.

Un informe demuestra la marginación del castellano en las webs públicas de Cataluña

Solo el 26% de los ayuntamientos de Cataluña tienen su web en español

PD El estudio va en la misma línea que otro efectuado por Impulso Ciudadano, éste más general (incluye por ejemplo las de la Generalitat, Consells Comarcals o Diputaciones) y que concluía con un 45% de webs exclusivamente en catalán y un 48% en las que, aunque se podía encontrar la opción de castellano, ésta no estaba disponible en todos los contenidos).

El informe, a su vez, examinaba otra discriminación que no nos debe pasar por alto, en sentido inverso, en las webs de los Ministerios, en los cuales muchos de los contenidos no pueden hallarse en catalán.

Sanciones por información deficiente y multas lingüísticas.

Es tremendo ver como ante la denuncia por la existencia de las multas lingüísticas, nuestros políticos responde que hay también sanciones por no usar el castellano (ver el debate a 6 de TV3). Es decir, justifican la injusticia que ellos cometen contra sus propios ciudadanos, por una supuesta injusticia cometida por los políticos de Madrid (que también les incluyen a ellos, y en especial al PSC que están el en gobierno). Es como si el padre que maltrata a su propio hijo lo considerada legítimo porque su padre le maltrató antes a él.

Pero es que además engañan. Porque las denuncias a las que refieren, no son "multas lingüísticas" sino multas por "deficiencias en la información". Es decir, por no proporcionar una información obligatoria. Mientras que las multas "lingüísticas" lo son por no usar el catalán cuando se está utilizando otra lengua, aunque esa información no sea obligatoria. La consideración de "multas lingüísticas" diferenciadas de las "multas por deficiencia en la información" es la misma que usa la Generalitat. Y según eso, no existen multas lingüísticas por no usar el castellano.

En todo caso, sobre las sanciones sobre información deficiente, se puede discutir la forma en que esas sanciones no acaben secundariamente discriminando el uso del castellano. Es muy fácil, o consiguiendo una modificación de la ley que implique que haya la opción de dar esa información obligatoria en cualquiera de las dos lenguas oficiales, o con una ley, que está en la mano de la Generalitat, que obligue en los mismos casos a utilizar también el catalán.

Esto último es lo que se ha ido haciendo, de facto. Y de hecho se habla mucho de esas "120 leyes" que hacen etiquetar en castellano (informaciones obligatorias) y se olvida que si no todas, la mayoría de ellas tienen ya (en especial desde que se ha aprobado la reciente ley del consumo) su contrapartida que obliga a etiquetar en catalán. A ello hay que sumar las que obligan a usar el catalán, no por motivos informativos, sino por motivos "estéticos", de salud pública lingüística.

Es una pena que nadie se haya entretenido a contarlas.