Fuera de los espacios establecidos para la publicidad

Discriminación municipal y "Drets lingüístics".

699 ayuntamientos catalanes (el 74% de Catalunya) no tienen opción de "castellano" en su web municipal. (convocatorias de empleo, trámites administrativos, noticias de interés, información sobre plenos, etc...). Ojo, este 74% no tiene en cuenta aquellos ayuntamientos en que la información en castellano es ofrecida por medio de meros traductores automáticos, aquellos donde es incompleta, o donde el acceso no es posible por fallos "técnicos" de la propia web. Sumado lo cuál, la cosa aún podría ser (más) de escándalo.

Se dirá que el uso del catalán en las webs es lógico, para "normalizar" el catalán. Y ahí tienen razón. Lo malo es que eluden con ello que el problema no es el uso del catalán (lógico y "normal") sino la ausencia del castellano. Ausencia, que con la misma lógica, debe estar motivada por un intento de "desnormalizarlo".

Es curioso que medidas coercitivas  como puedan ser las de la obligación a rotular en catalán sean justificadas por la Generalitat (incluso jurídicamente) por un supuesto "Dret lingüístic". Es un derecho que al parecer no tienen los castellanoparlantes, pues incluso los propios ayuntamientos parecen no entender que el castellanoparlante tenga derecho a leer estas webs de instituciones públicas (pagadas por todos, tengamos la lengua que tengamos) en su lengua propia.

Dejando a banda el interés lingüístico (y de reconocimiento) de que las webs estén en las dos lenguas oficiales,  la cosa tiene una especial gravedad por otro tema. Según la propia Generalitat, solo saben leer catalán el 73% de los ciudadanos catalanes. Lo que supone que estos ayuntamientos sencillamente niegan su información al 27% de la ciudadanía. Lo cuál no supone ya el desprecio de la "otra" lengua e identidad catalana, sino la discriminación directa y la desatención de más de una cuarta parte de la población, quizás porque para ellos no son más que "extranjeros"...¡que se adapten!.

Informe ANLL (Parte I)

Informe "Impulso Ciudadano"

Gencat. Coneixement del català.

Un informe demuestra la marginación del castellano en las webs públicas de Cataluña

Solo el 26% de los ayuntamientos de Cataluña tienen su web en español

PD El estudio va en la misma línea que otro efectuado por Impulso Ciudadano, éste más general (incluye por ejemplo las de la Generalitat, Consells Comarcals o Diputaciones) y que concluía con un 45% de webs exclusivamente en catalán y un 48% en las que, aunque se podía encontrar la opción de castellano, ésta no estaba disponible en todos los contenidos).

El informe, a su vez, examinaba otra discriminación que no nos debe pasar por alto, en sentido inverso, en las webs de los Ministerios, en los cuales muchos de los contenidos no pueden hallarse en catalán.

El Papa en una nueva ofensiva contra el catalán.

Viene el Papa a Barcelona y, ¡oh, milagro de los milagros! lo que para el resto de los mortales es ir "contra el catalán" para él es no sólo favorecer sino prueba de una "gran sensibilidad". Políticos y comunicadores están que botan de alegría por las muestras de catalanismo que se le suponen al hecho. Incluso diversos políticos catalanes han publicado un Manifiesto de agradecimiento al Papa, por la visita y la utilización del catalán (entre ellos miembros de una pretendida izquierda, ERC y PSC).

Efectivamente, el Vaticano ha confirmado que, en su visita, el Papa usará también el catalán (junto a castellano y latín) ¡...no hay quien les entienda!, en esto el bilingüismo (trilingüismo en este caso) es favorecer el catalán y hacer justicia. Sin embargo cuando se pide el mismo trato bilingüe en las instituciones catalanas (por ejemplo en el reciente caso del Reglamento de uso del catalán en el ayuntamiento de Barcelona), se considera que eso va "contra" el catalán, cuando no contra la "convivencia".

Sucede esto por la misma idiosincrasia del nacionalismo. El nacionalismo repudia la neutralidad y la igualdad en derechos. El nacionalismo se basa en la arbitrariedad. Por ello cuando se da un paso en favor de las propias tesis siempre es aplaudido, aunque el paso se quede corto o se pase en cuanto al justo medio. Por ello cuando se da un paso en contra de su arbitrariedad, aunque esto lleve a la justa imparcialidad, siempre es considerado un ataque intolerable a su "derecho" e interpretado como resultado de el odio que se siente hacia su identidad.

¿Sentencia "contra" el catalán o "contra" la exclusión del castellano?

La caverna nacionalista ha puesto sus motores al máximo. Y la batalla por la igualdad y el bilingüismo estará perdida mientras no haya unos mensajes, de ámbito estrictamente catalán, que contrarresten este bombardeo mediático. Si la respuesta viene "desde Madrid" siempre será achacado a reacción españolista (y más cuando esa respuesta se hace desde foros en que conviven con verdaderos españolistas y/o ultraconservadores).

Las radios, diarios y políticos del país están lanzando el mensaje de que la sentencia (que es sólo cautelar) del TSJC que anula siete artículos que excluían el uso del castellano en el ayuntamiento de Barcelona. En absoluto la sentencia va contra el catalán. Dicho de otra manera, era la norma la que iba contra el castellano y lo que deja en evidencia la sentencia es que el PSC (junto a ERC, IC y CiU) trabaja para la exclusión institucional del castellano (con la esperanza de que esa exclusión institucional se convierta con el tiempo en una ausencia social).

El problema, es que ni que la sentencia se haga firme, la realidad hoy día es tal, que en la práctica no tendrá consecuencias. Ya están diciendo, con toda la tranquilidad del mundo (esto aquí pasa por normal) que no la cumplirán. Y la realidad es que no hay manera material de hacerla cumplir. Pasa como en el Parlament, son oficiales ambas lenguas, pero la realidad es que, no es como en la calle, sólo se usa una. No es cada diputado que se expresa en su propia lengua, sino que la consigna (explícita o no) es que sólo se debe usar el catalán. Esto incluso sucede con los diputados del PP. Únicamente C's ha roto de momento esta inercia. La pérdida de esa voz discordante sería irreparable en la Catalunya de hoy día.

CiU pide a Hereu que recurra y defienda con coraje el uso del catalán en el Ayuntamiento
Bernat Joan (Secretari de Política Lingüística) “Hi ha un dèficit democràtic”
El TSJC suspende cautelarmente artículos sobre el uso del catalán en el Ayuntamiento de Barcelona
El catalán retrocede
El PPC jalea un varapalo judicial al uso institucional del catalán
Montilla lamenta las "feroces" campañas contra el catalán desde Madrid

La guerra de banderas.

De repente las banderas españolas "salen del armario" en Catalunya y ahora se habla de "guerra de banderas". Es como si entendiesen que la bandera española, su mera exposición, es una agresión. La senyera no agredía, por supuesto.

Pero hay una "guerra de banderas" (el nacionalista lo plantea todo en términos de competición, de guerra) y CiU tiene que tomar partido. Y lo toma, ya ha pedido explicaciones de porqué no se multó a los taxis que exhibieron banderas tras la victoria de la selección.

Hasta ahora para el nacionalismo las banderas eran la espontanea y libre expresión de los pueblos. Ahora resulta que no, que estas banderas no cuentan, estas banderas no subvencionadas ni promovidas por las instituciones no son espontaneas, ni son pueblo. Y es que el nacionalismo no está para recoger el sentimiento de un pueblo, como quiere hacer ver y repite sin cesar, sino para dirigirlo y moldearlo a su gusto.

Fuente El Periódico

La "construcció nacional" de la Sociovergència y sus cloacas.

Lo que llaman Sociovergència (PSC+CiU) ya existe, ha existido siempre, como se decía con el Barça, son siempre los mismos que se van pasando el porrón. Unas veces estará en manos de unos, otras en la de otros, pero siempre estará en sus manos. Lo decía hace un par de semanas:

La corrupción política en Catalunya es un caso quizá único en el mundo. Los casos de corrupción son "transversales", es decir, las mismas tramas afectan tanto al partido de gobierno como al de la oposición. Tan transversales como el famoso "Editorial conjunto" o como la unanimidad de la "societat civil" catalana. No es casualidad, es el funcionamiento feudal de la sociedad catalana que se mantiene a través de los siglos cambiando las caras y menos los apellidos.

No es sólo el "caso Pretoria" el que involucra tanto a CiU como a PSC, como si se tratase de un sólo partido, también el "caso Palau". En realidad, ambos casos no son más que ramificaciones de un único caso. Todo ello no quiere decir que haya una unanimidad de intereses, todo lo contrario, como en toda gran familia, en su intimidad hay unas luchas de poder y desacuerdos terribles, que incluso pueden llegar a amenazar su estabilidad, pero al final, la ropa sucia se lava en casa. Es lo que pasó con el asunto del "tres por ciento" o con las amenazas de Colominas o Pujol de "tirar de la manta". Ahora, el que se está viendo especialmente con el culo al aire en el caso Millet es el también enredado en el caso Pretoria, Antoni Castells. Dos procesos, por cierto, que se descubren, a pesar de todos los indicios, desde "Madrit".

Resumen de La Voz de Barcelona:

El texto especifica que Millet y Montull hicieron valer ‘de manera especial e intensa, la posición que sus cargos les otorgaban’, así como su posición dentro de la sociedad civil y política catalana, para llegar a los altos responsables del Gobierno autonómico y conseguir la permuta de la calificación entre dos terrenos necesaria para construir el hotel, que finalmente se paralizó.

Castells firmó el convenio de permuta

La operación se remite a finales de 2003, cuando Millet y Montull firmaron una escritura con el Institut de Germans de les Escoles Cristianes por la que la Fundación recibía la propiedad de las fincas adyacentes al Palacio a cambio de realizar obras de restauración en la escuela La Salle Condal de Barcelona. Las fincas del instituto religioso tenían una calificación urbanística que no permitía llevar a cabo el proyecto hotelero, ya que, según el Plan General Metropolitano, eran equipamiento educativo, por lo que era necesaria una recalificación.

Según la querella, Millet y Montull contactaron con Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas, que firmó en marzo de 2006 un convenio administrativo entre la Consejería y la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música, en el que se aceptaba una permuta de calificaciones a través de la que los terrenos anexos al Palacio adquirían la condición de uso residencial, mientras que una finca propiedad de la Generalidad situada en las calles Ciudad y Fernando pasaba a calificación de equipamiento.

Según la Fiscalía, antes de la firma del convenio no se realizó el informe jurídico previo y preceptivo por la Asesoría Jurídica de la Consejería para valorar la utilidad de la operación de transferencia de calificaciones. Tampoco consta que se realizara algún informe técnico del departamento autonómico en el que se hiciera referencia a la valoración de la posible pérdida patrimonial que implicaba la permuta. Además, dejaba a cargo de la entidad el establecer la cuantificación de la compensación que recibiría la Generalidad por la pérdida de patrimonio en la permuta.

(...)Fiscalía pedirá que Castells sea citado a declarar como testigo, además de representantes del gobierno municipal de Barcelona ya que, según la Fiscalía, el convenio no era suficiente para conseguir el objetivo de Millet y Montull, y así ‘obtener el beneficio económico que buscaban los querellantes’, por lo que buscaron entonces un convenio a tres bandas, firmado en octubre de 2006 entre Castells, el entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, y Millet para modificar el Plan General Metropolitano y así hacer efectiva la recalificación.

Según e-noticies:

El Ayuntamiento de Barcelona cerró los ojos
El consistorio únicamente reclamó después de estallar el caso

El Ayuntamiento de Barcelona reaccionó y planteó reclamaciones al Palau de la Música en agosto de 2009, después de que ya había estallado el caso Millet, a pesar de que representantes municipales habían participado en el proceso de recalificación urbanística de la zona del Palau, como mínimo desde el 24 de octubre de 2006.

(...)Añade que Millet y Montull, "a través de contactos directos e indirectos con aquellos [funcionarios y autoridades municipales], consiguieron que finalmente, debido a esta presión (...), el día 10 de abril de 2008 la comisión de urbanismo, infraestructuras y vivienda del Ayuntamiento de Barcelona acordase la aprobación inicial de aquella modificación en los términos de la propuesta que interesaba a los querellados [Fèlix Millet y Jordi Montull]".

La situación se mantuvo hasta que estalló el escándalo, y después, el 13 de agosto de 2009, el gerente de urbanismo del Ayuntamiento ya planteó reclamaciones a la nueva presidenta de la Fundación Orfeò Català-Palau de la Música.

Por otra parte, la fiscalía citará como testigos a Antoni Castells, Ramon García-Bragado, Ramon Massaguer, Carles Martí y Xavier Trias, en este último caso, para que explique si los imputados intentaron contactar con él durante todo este proceso.

Relacionadas: 

El "fet diferencial" de la corrupción en Catalunya. 

Caso Pretoria en "La gran corrupción"

La Vanguardia

Caso Pretoria, editoriales conjuntos, "societats civils" y demás ocupaciones de la oligarquía catalanista.

Cualquier medida de "normalització" del catalán se justifica con el argumento de que haya la "opción" del catalán en todo ámbito (véase la propuesta de ley de doblaje en el cine). Es una forma de no discriminación del catalanoparlante. Sin embargo, en ámbitos donde el catalán ya está presente, a veces incluso mayoritariamente, las nuevas legislaciones van en busca, ya no de la "opción", sino de la presencia única y excluyente. El castellano no tiene derecho a ser opción.

Es la vieja política del "peix al cove" aplicada a la realidad interna catalana. Es ir dando pasos, ganando terreno progresivamente para la exclusión total del castellano de la vida pública, pero de forma no demasiado brusca (no sea que la población castellanoparlante se les revele ante el intento). Se trata de que "surta el efecto sin que se note el empeño". Las consecuencias son claras, la normalització conseguirá hacer de Catalunya un país "normal", esto es, monolingüe.

'Només català' en el Ayuntamiento de Barcelona

AGENCIAS - Barcelona - 27/01/2010

El catalán será la lengua predominante en el Ayuntamiento de la capital catalana. Desde las comunicaciones internas hasta las notificaciones al ciudadano se harán obligatoriamente en esta lengua. Estas son algunas de las medidas que recoge el nuevo reglamento de Usos Lingüísticos de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido aprobado en la comisión de presidencia del consistorio, con el voto a favor de PSC, CiU, ERC y ICV-EUiA. El Partido Popular lo ha votado en contra.

La aprobación se ha producido después de que se resolvieran las alegaciones en la Comisión de Presidencia, Territorio y Función Pública. En un principio se hablaba del "uso preferente", pero una enmienda de ERC llevó a la imposición del catalán.

En la comisión, el primer teniente de alcalde de Bienestar y Cohesión Territorial, Carles Martí (PSC), destacó que está "plenamente convencido"de la idoneidad del reglamento, porque, según él, "bebe directamente"del Estatut de 2006.

El edil de CiU Jaume Ciurana celebró el texto pese a que llega con al menos 10 años de retraso, y lamentó que en la comisión de seguimiento del reglamento no puedan participar representantes de los grupos de la oposición. También reclamó al bipartito "los medios, recursos y todos los esfuerzos y voluntad firme" para adaptar el texto a la vida municipal.

La concejal del PP Angels Esteller criticó que la nueva normativa conlleva la "expulsión de facto" del castellano y la "exclusión de mucha gente", por lo que reclamó un Consistorio bilingüe.

Con la nueva normativa el consistorio deberá usar obligatoriamente el catalán en su funcionamiento interno y que todas las comunicaciones y documentos que emita a terceros -incluso a otros puntos de España- deberán como mínimo incluir el catalán.

"El país y la ciudad es suficientemente madura para entender que el catalán debe tener una presencia segura en la capital del país y de uso preferente en relación a las otras lenguas", ha explicado el líder de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Portabella.

Fuente: El País