La resolución del caso Pallerols, con la aceptación por parte de los acusados y de Unió de que el partido fue financiado con dinero público,dinero que estaba destinado a la formación de parados, ha provocado que todos los partidos, excepto CiU, pidan (con la boca pequeña o a pleno pulmón. según los casos) la dimisión de Duran i Lleida. Y aunque la subvencionadísima prensa catalana ha pasado por el tema lo más de puntillas que ha podido y se empiezan a olvidar de ello lo más rápido que pueden, el hecho de que haya muchos desde el independentismo que se la tienen jurada al líder democristiano (por no secundar claramente la deriva secesionista) no ha contribuido a ese olvido.
La pregunta es si eso, su dimisión, basta o habría que ir más allá.
Desde luego usar fondos destinados a parados para lucrar a un partido, cuando los partidos están, en teoría, para beneficio de la colectividad y se les supone ejemplos morales, no puede ser más ruin y desautoriza a sus dirigentes para actuar como representantes de la ciudadanía. Pero aquí hay muchos que aprovechando que el foco está puesto sobre aquel que decía que los parados andaluces se gastaban los subsidios “en el bar” (se supone que por ello él pretendía darle “mejor fin” a esos fondos y vio a su partido como más necesitado), se han apartado discretamente y no están libres, sino de culpabilidad sí de una responsabilidad sospechosa...
Primero, Unió no es un partido ajeno al gobierno es, quiérase o no, parte de CiU, el partido del gobierno, y que este partido sea o no una coalición es cuestión de ellos y su funcionamiento interno -puesto que no es posible votar a UDC y no a CDC-. La responsabilidad política por lo tanto afecta a toda la coalición, y es la coalición la que ha de dar explicaciones y dirimir responsabilidades por los hechos.
Después se ha de explicar el por qué del pacto con el fiscal que pone en libertad a los culpables pagando menos de lo que presumiblemente se ha desviado. Lo cual es asombroso, pues supone que si un ladrón roba, por poner el caso 60.000 euro, pueda ser juzgado 16 años después, sin condena pagando la mitad (es decir, negocio redondo pues uno queda libre con el beneficio de 30.000€). Lo inexplicable es que la propia Generalitat, causa en el proceso, acceda a ese pacto, es decir, a que quede impune el castigo con el simple pretexto de que se devuelve una parte de lo robado. ¿cómo es esto posible? ¿cómo es que no se exigen explicaciones?
Pero la cosa no queda en la Generalitat, porque también ha aceptado el pacto, el Fiscal (nombrado por el Estado) y la Abogacía del Estado ¿cómo es posible? Hay que recordar que el PP ya amnistió el año pasado a los condenados de este mismo partido, Unió, por el “caso Turismo”.
Generalitat y Estado representan los intereses de los ciudadanos y, en lugar de defenderlos, se han plegado a esta vergonzosa componenda que deja libres a los corruptos y a los beneficiados con el dinero de los parados con gran parte del beneficio. ¿Qué intereses ocultos quedan detrás de esta impunidad que se acepta tanto por parte de la Generalitat como por parte del Estado?
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