lunes, noviembre 10, 2008

Silenciar los argumentos, la CAC-icada.

Lo más terrible de la CACicada no es el hecho de que se limite la pluralidad de perspectivas a las que debe tener acceso la ciudadanía para votar a, esto es de "perspectivas políticas partidarias" (cosa que ya es de por sí terrible y dice mucho del déficit democrático que nuestra muy catalana sociedad soporta). Lo más terrible es que evidencia la consumación de la criminalización de la discrepancia al nacionalismo. Es un aviso para navegantes, lo que se observa claramente cuando no sólo se retiran licencias a la COPE, sino que se ven terriblemente perjudicadas emisoras que, a pesar de no ser críticas con el nacionalismo, mantenían un nacionalismo demasiado tibio, mera aceptación del status quo y no participación activa de la conformación mediática del nacionalismo.

Si cabe ahora, el no-nacionalismo en Catalunya va a estar más silenciado, y eso hasta desde las emisoras que aún pueden ser recibidas que callarán por pura subsistencia. El más importante paso a que la Catalunya ideal creada en algunas enfermizas mentes nacionalistas se haga realidad muy pronto ya está dado.

La uniformización de la sociedad empieza por la uniformización de los medios de comunicación. Y que el dogma nacionalista no sea discutible. No se trata de negar o criticar el posible pensamiento contrario al nacionalismo, sino sencillamente silenciarlo, que no llegue a la ciudadanía. Negar que exista otra alternativa al nacionalismo. Malos tiempos para la pluralidad.


El CAC otorga 17 emisoras más de FM al Grupo Godó

Por primera vez en España, un Gobierno no ha adjudicado la explotación comercial de emisoras de FM. Ello corrió a cargo ayer del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), organismo regulador cuyos miembros -la mayoría ex parlamentarios- son nombrados por la Cámara catalana. De las 83 frecuencias otorgadas, Radiocat XXI, del Grupo Godó (RAC 1 y RAC 105), fue la que se llevó el mayor número, 17; mientras, el Grupo Zeta (editor de El Periódico de Catalunya), que se había presentado a 83 demarcaciones, y Unedisa (editora de El Mundo), que optaba a otras 22, no lograron ninguna. Lo mismo les ha sucedido a Onda Rambla (de Luis del Olmo) y Kiss FM.

El concurso venía a regularizar el uso de frecuencias que, hasta ahora, eran explotadas por empresas privadas sin la autorización definitiva. El CAC recibió 1.279 peticiones de 73 empresas.

La adjudicación final ha comportado, sin embargo, que algunas de las emisoras hayan perdido frecuencias. Es el caso de la Cope, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, que dejará de gestionar las que tenía en las ciudades de Girona y Lleida. "Con esta decisión, el CAC consigue una de sus obsesiones, reducir la voz y la presencia de la Cope en Cataluña", afirmó la cadena en un comunicado. Sin embargo, la emisora vinculada a la Iglesia catalana, Ràdio Estel, obtuvo siete frecuencias más. Santiago Ramentol, actual consejero secretario del CAC, fue director de esa emisora.

Otras cadenas que han salido reforzadas son Radio Teletaxi (de Justo Molinero) y Grupo Flaix FM (liderada por Miquel Calzada), con 10 frecuencias cada una. Onda Cero (del grupo Planeta) gana ocho.

Recurso contencioso

"Si se analiza bien, se detecta, por un lado, el castigo a buena parte de las emisoras de ámbito estatal y, por otro, que las que ya explotaban frecuencias han perdido en favor de otras que ni siquiera ahora gestionaban", aseguró ayer un portavoz de la SER. "Las usarán como repetidores o como fuente de ingreso al alquilarlas", remachó el directivo de esta cadena que, si bien ha ganado una frecuencia (de ocho a nueve, en Val d'Aran), ha perdido la de Lleida y la del Vallès. También sus asociados Club de Radio Terrassa y Taelus (en Manresa) se han quedado sin seis diales. Así, la SER (vinculada al Grupo PRISA, editor de este diario) sólo podrá oírse en el Vallès por la Onda Media.

El malestar generado por este nuevo reparto será analizado el lunes por las emisoras afectadas, que no descartan interponer un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo.

El CAC declinó comentar "una decisión administrativa".


Fuente: El País.


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