Lo que llaman Sociovergència (PSC+CiU) ya existe, ha existido siempre, como se decía con el Barça, son siempre los mismos que se van pasando el porrón. Unas veces estará en manos de unos, otras en la de otros, pero siempre estará en sus manos. Lo decía hace un par de semanas:
La corrupción política en Catalunya es un caso quizá único en el mundo. Los casos de corrupción son "transversales", es decir, las mismas tramas afectan tanto al partido de gobierno como al de la oposición. Tan transversales como el famoso "Editorial conjunto" o como la unanimidad de la "societat civil" catalana. No es casualidad, es el funcionamiento feudal de la sociedad catalana que se mantiene a través de los siglos cambiando las caras y menos los apellidos.
No es sólo el "caso Pretoria" el que involucra tanto a CiU como a PSC, como si se tratase de un sólo partido, también el "caso Palau". En realidad, ambos casos no son más que ramificaciones de un único caso. Todo ello no quiere decir que haya una unanimidad de intereses, todo lo contrario, como en toda gran familia, en su intimidad hay unas luchas de poder y desacuerdos terribles, que incluso pueden llegar a amenazar su estabilidad, pero al final, la ropa sucia se lava en casa. Es lo que pasó con el asunto del "tres por ciento" o con las amenazas de Colominas o Pujol de "tirar de la manta". Ahora, el que se está viendo especialmente con el culo al aire en el caso Millet es el también enredado en el caso Pretoria, Antoni Castells. Dos procesos, por cierto, que se descubren, a pesar de todos los indicios, desde "Madrit".
Resumen de La Voz de Barcelona:
El texto especifica que Millet y Montull hicieron valer ‘de manera especial e intensa, la posición que sus cargos les otorgaban’, así como su posición dentro de la sociedad civil y política catalana, para llegar a los altos responsables del Gobierno autonómico y conseguir la permuta de la calificación entre dos terrenos necesaria para construir el hotel, que finalmente se paralizó.
Castells firmó el convenio de permuta
La operación se remite a finales de 2003, cuando Millet y Montull firmaron una escritura con el Institut de Germans de les Escoles Cristianes por la que la Fundación recibía la propiedad de las fincas adyacentes al Palacio a cambio de realizar obras de restauración en la escuela La Salle Condal de Barcelona. Las fincas del instituto religioso tenían una calificación urbanística que no permitía llevar a cabo el proyecto hotelero, ya que, según el Plan General Metropolitano, eran equipamiento educativo, por lo que era necesaria una recalificación.
Según la querella, Millet y Montull contactaron con Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas, que firmó en marzo de 2006 un convenio administrativo entre la Consejería y la Fundación Orfeón Catalán-Palacio de la Música, en el que se aceptaba una permuta de calificaciones a través de la que los terrenos anexos al Palacio adquirían la condición de uso residencial, mientras que una finca propiedad de la Generalidad situada en las calles Ciudad y Fernando pasaba a calificación de equipamiento.
Según la Fiscalía, antes de la firma del convenio no se realizó el informe jurídico previo y preceptivo por la Asesoría Jurídica de la Consejería para valorar la utilidad de la operación de transferencia de calificaciones. Tampoco consta que se realizara algún informe técnico del departamento autonómico en el que se hiciera referencia a la valoración de la posible pérdida patrimonial que implicaba la permuta. Además, dejaba a cargo de la entidad el establecer la cuantificación de la compensación que recibiría la Generalidad por la pérdida de patrimonio en la permuta.
(...)Fiscalía pedirá que Castells sea citado a declarar como testigo, además de representantes del gobierno municipal de Barcelona ya que, según la Fiscalía, el convenio no era suficiente para conseguir el objetivo de Millet y Montull, y así ‘obtener el beneficio económico que buscaban los querellantes’, por lo que buscaron entonces un convenio a tres bandas, firmado en octubre de 2006 entre Castells, el entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, y Millet para modificar el Plan General Metropolitano y así hacer efectiva la recalificación.
Según e-noticies:
El Ayuntamiento de Barcelona cerró los ojos
El consistorio únicamente reclamó después de estallar el caso
El Ayuntamiento de Barcelona reaccionó y planteó reclamaciones al Palau de la Música en agosto de 2009, después de que ya había estallado el caso Millet, a pesar de que representantes municipales habían participado en el proceso de recalificación urbanística de la zona del Palau, como mínimo desde el 24 de octubre de 2006.
(...)Añade que Millet y Montull, "a través de contactos directos e indirectos con aquellos [funcionarios y autoridades municipales], consiguieron que finalmente, debido a esta presión (...), el día 10 de abril de 2008 la comisión de urbanismo, infraestructuras y vivienda del Ayuntamiento de Barcelona acordase la aprobación inicial de aquella modificación en los términos de la propuesta que interesaba a los querellados [Fèlix Millet y Jordi Montull]".
La situación se mantuvo hasta que estalló el escándalo, y después, el 13 de agosto de 2009, el gerente de urbanismo del Ayuntamiento ya planteó reclamaciones a la nueva presidenta de la Fundación Orfeò Català-Palau de la Música.
Por otra parte, la fiscalía citará como testigos a Antoni Castells, Ramon García-Bragado, Ramon Massaguer, Carles Martí y Xavier Trias, en este último caso, para que explique si los imputados intentaron contactar con él durante todo este proceso.
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