CONVERGÈNCIA....
El caso de las donaciones millonarias pone bajo sospecha a Convergència
La investigación judicial sobre el expolio del Palau de la Música de Barcelona, una de las instituciones emblemáticas de la cultura catalana, ha sembrado serias dudas sobre la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los últimos informes policiales revelan que Ferrovial pudo no ser la única empresa que, presuntamente, pagó comisiones a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. Otras firmas de la construcción (ACS, FCC), pero también concesionarias de autopistas (Abertis), farmacéuticas (Grupo Ferrer) y suministradoras de aguas (Cespa, Sorea) hicieron donaciones a una fundación afín al partido de Artur Mas, la Trias Fargas, que en buena medida nutrieron las arcas de CDC. En 2003, y después de 23 años de Gobiernos de Jordi Pujol, el tripartito de izquierdas se hizo con el poder en la Generalitat. Pero la supuesta travesía en el desierto de CDC no fue tal; al menos, en el plano económico. La merma de poder político no desanimó a los donantes. Es más, las aportaciones a la fundación “se incrementaron en un 400%” en ese periodo, entre 2002 y 2008, según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. La Trias Fargas —rebautizada Catdem tras el escándalo del Palau, en julio de 2009— es una “plataforma de pensamiento político” que “difunde ideas” y “fomenta el debate para promover el catalanismo y la democracia”, recoge su web La Trias Fargas es, supuestamente, el principal vector de financiación de CDC. Pero el dinero aterriza en el partido por muchas otras vías. La investigación sobre el saqueo del Palau perpetrado por su expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull —cifrado provisionalmente en 35 millones—, ha revelado la existencia de empresas que juegan un papel clave en la trama. Tres de ellas (New Letter, Letter Graphic y la matriz de ambas, Mail Rent) son, al mismo tiempo, proveedoras del Palau y de la formación nacionalista. La investigación ha acreditado que esas empresas fueron usadas como “instrumento” para hacer llegar el dinero de Ferrovial a CDC. En ese juego a tres bandas, Millet y Montull hicieron de intermediarios a cambio de una comisión. Las empresas cobraron un millón del Palau por trabajos que, según los indicios hallados, no ejecutaron. Pero es que, además, esas empresas (dedicadas al buzoneo y el marketing electoral) facturaron 804.563 euros a CDC por trabajos “genéricos” hasta 2009, según un informe del administrador concursal de esas sociedades, que también ha arrojado luz al caso. Lo curioso es que esas mismas empresas devolvieron a la formación de Mas parte del dinero que habían ingresado: 775.000 euros. “No ganábamos, pero tampoco perdíamos. Hicimos donaciones a Convergència como inversión de futuro, para fidelizar al cliente”, justificó el administrador de Mail Rent en su declaración como imputado. Entre otras irregularidades, el informe denuncia que la empresa entregó 1,3 millones en efectivo a un destinatario “desconocido”, ya que no hay rastro documental de la operación. La policía sospecha que ese dinero acabase, una vez más, en CDC. Las empresas que cobran del partido parecen empeñadas en devolverle parte de lo ganado. Es el caso de Hispart, otra proveedora que “paga una cuota de afiliación o similar”, según la policía. Se ignora, además, el destino de 18 de los 35 millones expoliados, ya que fueron retirados en cheques al portador por Millet y Montull.
....y PSC
El fiscal pide 10 años para Millet y 4 para la cúpula de Urbanismo de Barcelona
El caso de las presuntas irregularidades en la tramitación de un hotel de lujo junto al Palau de la Música va a llegar a juicio antes que el saqueo de la entidad perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, que asciende a 35 millones de euros. La fiscalía ha pedido duras penas de prisión (diez años y dos meses) para Millet y quien fue su mano derecha por apropiación indebida y falsedad documental. En esa misma causa —una de las derivadas de la investigación sobre el expolio del Palau— el fiscal también acusa a la antigua cúpula socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona. Los máximos responsables de Urbanismo en el Consistorio durante la etapa del alcalde socialista Jordi Hereu sucumbieron al poder de influencia de Millet y le facilitaron la tramitación del fallido hotel del Palau, un proyecto que jamás vio la luz por la decidida oposición de los vecinos, que llevaron el caso a los tribunales. García Bragado y Massaguer “ocultaron” que la operación beneficiaba a un particular —el hotelero Manuel Valderrama— para no desvirtuar la apariencia de interés público que tenía el proyecto, según la fiscalía. El caso tiene su origen en 2003, cuando Millet y Montull lograron para el Palau la titularidad de unas fincas cercanas al recinto. El objetivo era, supuestamente, construir un hotel para dar mayor proyección al auditorio modernista. En realidad, buscaban “un importante beneficio personal”. Pero tenían un problema: la calificación urbanística de la zona no permitía, en el casco antiguo de Barcelona, el uso hotelero. De modo que intentaron a toda costa cambiar esa circunstancia. Los saqueadores confesos de la institución musical aprovecharon “las relaciones personales” con los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento “para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesada o dictando resoluciones varias”.
El caso de las donaciones millonarias pone bajo sospecha a Convergència
La investigación judicial sobre el expolio del Palau de la Música de Barcelona, una de las instituciones emblemáticas de la cultura catalana, ha sembrado serias dudas sobre la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los últimos informes policiales revelan que Ferrovial pudo no ser la única empresa que, presuntamente, pagó comisiones a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. Otras firmas de la construcción (ACS, FCC), pero también concesionarias de autopistas (Abertis), farmacéuticas (Grupo Ferrer) y suministradoras de aguas (Cespa, Sorea) hicieron donaciones a una fundación afín al partido de Artur Mas, la Trias Fargas, que en buena medida nutrieron las arcas de CDC. En 2003, y después de 23 años de Gobiernos de Jordi Pujol, el tripartito de izquierdas se hizo con el poder en la Generalitat. Pero la supuesta travesía en el desierto de CDC no fue tal; al menos, en el plano económico. La merma de poder político no desanimó a los donantes. Es más, las aportaciones a la fundación “se incrementaron en un 400%” en ese periodo, entre 2002 y 2008, según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial. La Trias Fargas —rebautizada Catdem tras el escándalo del Palau, en julio de 2009— es una “plataforma de pensamiento político” que “difunde ideas” y “fomenta el debate para promover el catalanismo y la democracia”, recoge su web La Trias Fargas es, supuestamente, el principal vector de financiación de CDC. Pero el dinero aterriza en el partido por muchas otras vías. La investigación sobre el saqueo del Palau perpetrado por su expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull —cifrado provisionalmente en 35 millones—, ha revelado la existencia de empresas que juegan un papel clave en la trama. Tres de ellas (New Letter, Letter Graphic y la matriz de ambas, Mail Rent) son, al mismo tiempo, proveedoras del Palau y de la formación nacionalista. La investigación ha acreditado que esas empresas fueron usadas como “instrumento” para hacer llegar el dinero de Ferrovial a CDC. En ese juego a tres bandas, Millet y Montull hicieron de intermediarios a cambio de una comisión. Las empresas cobraron un millón del Palau por trabajos que, según los indicios hallados, no ejecutaron. Pero es que, además, esas empresas (dedicadas al buzoneo y el marketing electoral) facturaron 804.563 euros a CDC por trabajos “genéricos” hasta 2009, según un informe del administrador concursal de esas sociedades, que también ha arrojado luz al caso. Lo curioso es que esas mismas empresas devolvieron a la formación de Mas parte del dinero que habían ingresado: 775.000 euros. “No ganábamos, pero tampoco perdíamos. Hicimos donaciones a Convergència como inversión de futuro, para fidelizar al cliente”, justificó el administrador de Mail Rent en su declaración como imputado. Entre otras irregularidades, el informe denuncia que la empresa entregó 1,3 millones en efectivo a un destinatario “desconocido”, ya que no hay rastro documental de la operación. La policía sospecha que ese dinero acabase, una vez más, en CDC. Las empresas que cobran del partido parecen empeñadas en devolverle parte de lo ganado. Es el caso de Hispart, otra proveedora que “paga una cuota de afiliación o similar”, según la policía. Se ignora, además, el destino de 18 de los 35 millones expoliados, ya que fueron retirados en cheques al portador por Millet y Montull.
....y PSC
El fiscal pide 10 años para Millet y 4 para la cúpula de Urbanismo de Barcelona
El caso de las presuntas irregularidades en la tramitación de un hotel de lujo junto al Palau de la Música va a llegar a juicio antes que el saqueo de la entidad perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, que asciende a 35 millones de euros. La fiscalía ha pedido duras penas de prisión (diez años y dos meses) para Millet y quien fue su mano derecha por apropiación indebida y falsedad documental. En esa misma causa —una de las derivadas de la investigación sobre el expolio del Palau— el fiscal también acusa a la antigua cúpula socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona. Los máximos responsables de Urbanismo en el Consistorio durante la etapa del alcalde socialista Jordi Hereu sucumbieron al poder de influencia de Millet y le facilitaron la tramitación del fallido hotel del Palau, un proyecto que jamás vio la luz por la decidida oposición de los vecinos, que llevaron el caso a los tribunales. García Bragado y Massaguer “ocultaron” que la operación beneficiaba a un particular —el hotelero Manuel Valderrama— para no desvirtuar la apariencia de interés público que tenía el proyecto, según la fiscalía. El caso tiene su origen en 2003, cuando Millet y Montull lograron para el Palau la titularidad de unas fincas cercanas al recinto. El objetivo era, supuestamente, construir un hotel para dar mayor proyección al auditorio modernista. En realidad, buscaban “un importante beneficio personal”. Pero tenían un problema: la calificación urbanística de la zona no permitía, en el casco antiguo de Barcelona, el uso hotelero. De modo que intentaron a toda costa cambiar esa circunstancia. Los saqueadores confesos de la institución musical aprovecharon “las relaciones personales” con los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento “para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesada o dictando resoluciones varias”.
¿cómo nos han de extrañar cosas como estas? :
PSC y CiU usaron a los Mossos para tapar el escándalo del Palau 
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